Hacen leyes para la majada.

Ejecutivos de empresas telefónicas se han encontrado con sorpresivas cartas de varios funcionarios del Estado en las que les piden que no apliquen a sus instituciones, el impuesto a la seguridad del 5 % adicional a la factura de telecomunicaciones, porque “no lo tenían presupuestado” para 2016.

Entre las instituciones figura hasta la propia Asamblea, que aprobó el impuesto y otras instituciones que lo promovían… Por supuesto, a las compañías telefónicas no les queda más que cumplir la ley y aplicar el impuesto a las entidades de Gobierno porque en esa misma ley, no hay excepciones.

Y siguiendo con la cueva de ladrones, las historias de operaciones estéticas y hasta de reducción de peso, están circulando por los corrillos legislativos como infidencias del famoso seguro médico hospitalario de ese órgano de Estado. 

Dicen que entre los que hicieron uso-abuso de esa manera hay legisladores de virtualmente todos los partidos y hay empleados dispuestos a hablar de ese tema para que no los estén usando como justificación para la “urgencia” de la contratación.

A ver si finalmente esos empleados se animan.